La provincia de La Rioja quedó envuelta en un escándalo de violencia de género digital tras descubrirse cámaras ocultas instaladas en departamentos alquilados exclusivamente a mujeres.
El caso involucra a José Alexis Aguilar, señalado por las víctimas como el presunto responsable de espiarlas y grabarlas sin consentimiento.
Todo comenzó cuando Ana, una de las jóvenes que vivía en los alquileres, logró identificar una cámara camuflada en la ventilación de su habitación. La vio gracias al reflejo del flash de su celular mientras buscaba un mosquito: “El reflejo hizo contacto con el lente de la cámara. Estaba escondida arriba de mi cama”, relató en diálogo con Telenoche, sin mostrar su rostro por razones de seguridad.
Intentó retirarla por sus propios medios, pero recién pudo hacerlo con ayuda al día siguiente. La sorpresa fue aún mayor cuando alertó al resto de las inquilinas: “A una de las chicas la acompañé a su departamento y también encontramos una cámara apuntando a la cama y otra que estaban por instalar en el baño”.
Miles de videos y una investigación en curso
Las cámaras tenían memorias cargadas con más de 8.000 videos, según las denunciantes: “En una había 4.700 archivos y en la mía más de 4.000”.
El material ya está en manos de la justicia, que trabaja para determinar si el acusado solo miraba las grabaciones para su perversión o si existía un fin extorsivo o comercial.
Las cámaras estaban ocultas en ventilaciones, paredes y luminarias, ubicadas de manera estratégica para registrar intimidad y desnudez.
El miedo después del hallazgo
Ana reconoció que en un primer momento prefirió pensar que estaba equivocada: “Uno no quiere creer que te están filmando. Pensé que tal vez era algo para extraer humo”.
Aseguró que el propietario generaba confianza y que incluso lo había recomendado a amigas: “Creí que era una persona confiable. Yo misma le dije a amigas que alquilaran ahí”.
Cuando entendieron la gravedad del caso, tomaron una decisión clave: “No lo enfrentamos por nuestra seguridad. Avisamos a la policía y nos fuimos del lugar”.
La denuncia fue radicada de inmediato, pero las víctimas aseguran que la respuesta judicial resultó insuficiente y tardía: “Pedí la detención inmediata porque no sabíamos qué podía hacer al verse descubierto. Me dijeron que había que esperar. Pasaron días sin novedades”.
La causa está en manos de una jueza que ordenó preservar el material, avanzar con las pericias y garantizar la protección de las mujeres afectadas.
Mientras avanza la investigación y se intenta determinar el destino de las grabaciones, las víctimas intentan recuperarse del miedo y la vulnerabilidad: “Esto es un atropello a nuestra intimidad. Tremendo”, concluyó Ana.
