La Justicia le prohibió al Gobierno cobrarle a un particular un impuesto más alto por tener un bien en el exterior. El juez federal Leopoldo Rago Gallo, de San Juan, consideró que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no puede aplicar un tratamiento diferente entre bienes radicados en el país y en el exterior, a pesar de que esta diferencia la marcó una ley del Congreso que, de acuerdo con la versión del demandante, viola el principio de igualdad.
Las tasas de bienes personales varían entre el 0,5% a 1,25% para los bienes en la Argentina y de 0,70% a 2,25% para los bienes en el exterior.
Ante esto, el magistrado ordenó a la “Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se abstenga de aplicar el artículo 28 de la ley 27.541 y 9° del decreto reglamentario 99/2019, que regulan la alícuota del impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2019 para los bienes situados en el exterior”.
Asimismo, se estableció que el organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont no puede “intimar y/o ejecutar administrativa o judicialmente la falta de ingreso del impuesto, aplicar multas, embargos o cualquier otra medida indirecta, hasta el dictado de la sentencia definitiva en esta causa”. Por esta razón, dispuso decretar la medida cautelar “bajo caución real de cinco millones de pesos, pudiendo presentar bienes a embargo (art. 199 CPCN), póliza de seguro o aval bancario”.
La denominada Ley de Emergencia Económica, promovida por el presidente Alberto Fernández apenas asumió el cargo, incluyó una alícuota superior para los bienes en el exterior, reglamentado por medio de un decreto. Sin embargo, el juez sanjuanino consideró que la aplicación de esta alícuota adicional afecta el principio de igualdad tributaria.
En medio de su fallo aseguró que, si hay dos contribuyentes con idéntico patrimonio, pero uno de ellos cuenta con activos fronteras afuera, no debe enfrentar una mayor carga tributaria pese a tener la misma capacidad contributiva que aquel que tiene sus bienes en el país.
