Rescataron en distintas provincias a 69 víctimas de una red de trata que se disimulaba bajo una fachada religiosa. En medio de un operativo que llevó a cabo 23 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, fueron rescatadas 69 víctimas de una red de trata de personas que usaba como fachada a una organización religiosa. Además, al menos siete integrantes de esta banda delictiva fueron detenidos.
A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Seguridad, se informó que, tras una investigación criminal ejecutada por la Policía Federal Argentina, y con el apoyo de 250 efectivos de la Gendarmería Nacional, ambas fuerzas lograron desbaratar a una organización criminal liderada por una mujer conocida como “La Tía Eva”.
Usando la comunidad religiosa denominada “Filadelfia” como una fachada, esta organización estaba dedicada a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida, expresaron los informantes.
De acuerdo con los resultados de la investigación, se conoció que los miembros de la “comunidad” sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.
Además, se determinó que dicha comunidad pseudo religiosa pudo haber cometido el delito de instigación al suicidio al haber inducido a la muerte a un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones que finalizaron con su trágica muerte, añadió el informe oficial.
Con un “templo” principal ubicado en el Gran Buenos Aires y en diversas provincias, la investigación de esta organización se ha extendido hasta Brasil y Paraguay, donde captaban personas en diversas partes del país.
Esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, a quienes bajo una “persuasión coercitiva” les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal.
Tras ser captados, eran obligados a vivir en condiciones deplorables, sin higiene y con una alimentación degradante. No podían comunicarse con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización, dice el parte del Ministerio de Seguridad.
