Un fallo de la Justicia cordobesa declaró inconstitucional el ajuste a los jubilados. El juez Ricardo Bustos Fierro, perteneciente al Juzgado Federal número 1 de Córdoba, declaró inconstitucional que se haya suspendido la fórmula de movilidad jubilatoria durante 2020. Además, le ordenó a la Anses, por medio de una sentencia, recalcular el haber mensual de un demandante aplicando, para los aumentos del año pasado, los porcentajes que arrojaba el cálculo previsto por la ley 27.426, que fue aprobada a fines de 2017 y que estuvo vigente en 2018 y 2019.
En esta causa, el juez consideró que “el abandono de una pauta legal de movilidad, o lo que es igual, su suspensión con delegación en el Poder Ejecutivo de la potestad de disponer incrementos por decreto que no respondan a un lineamiento objetivo, trastoca el principio de legalidad”, al tiempo que agregó que, al observarse qué niveles de incremento habrían correspondido con la fórmula y qué subas se dieron efectivamente, de acuerdo a las normativas firmadas por el presidente Alberto Fernández, “se verifica que los aumentos efectuados por los decretos correspondientes no resultan ser superadores de los índices que reemplazan, no encontrándose cumplidos los objetivos que se tuvieron en mira con la delegación, en cuanto no se mantuvo el poder adquisitivo de los beneficios previsionales ni se favoreció a los beneficiarios de menores ingresos”.
El resultado de la fórmula que primero fue suspendida y después derogada, fue que para el año 2020, resultó superior a los porcentajes otorgados de manera discrecional y por la vía de decretos por el Gobierno. El cálculo de la ley 27.426 resultaba en un aumento anual del 42 por ciento para todos los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses, pero en la práctica se recibieron reajustes de entre un 24,3 por ciento y un 35,3 por ciento, dependiendo del monto de los ingresos mensuales.
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La ley 27.541 resultó aprobada unos pocos días después de haber iniciado la gestión de Alberto Fernández y esta declaró la emergencia del país en varios aspectos, ya que se había dispuesto la suspensión de la fórmula por un período de 180 días. Luego se firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que prorrogó la medida hasta el último día de 2020.
De acuerdo con las estimaciones del instituto de estudios económicos IERAL, el efecto de esta suspensión y el reemplazo de un índice de movilidad por decisiones del Poder Ejecutivo representó un ajuste fiscal, con efectos negativos para el bolsillo de los jubilados, por unos 100 mil millones de pesos en 2020. Este efecto se notará en el daño sobre los ingresos que se extiende a los años posteriores. En la actualidad, a pesar de que rige una nueva fórmula de movilidad, los porcentajes resultantes se aplican sobre haberes más bajos respecto de lo que serían en caso de no haberse suspendido la fórmula durante un año.
