En una medida que promete cambiar las reglas del juego en el transporte de pasajeros, el Gobierno Nacional implementó un sistema que permite a automovilistas particulares llevar pasajeros y cobrar por eso, sin necesidad de obtener una licencia profesional. Esta iniciativa busca desregular el sector, fomentar la competencia y, potencialmente, reducir los costos de los viajes. Sin embargo, también despertó críticas desde diversos sectores.
Según explicaron en un reporte en Telenoche, a partir de esta semana, cualquier persona con un vehículo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y seguro vigente podrá registrarse como transportista de pasajeros. El trámite se realiza de forma gratuita a través de la plataforma Trámites a Distancia del gobierno. Los interesados deberán especificar los trayectos que ofrecen, las tarifas, y en solo cinco días hábiles recibirán la habilitación por parte del Ministerio de Transporte.
Lo novedoso de esta medida es su flexibilidad. Los conductores podrán establecer rutas y precios según su conveniencia, ya sea para trayectos cortos o largos. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades laborales para aquellos que buscan un ingreso extra. Según las autoridades, esta desregulación fomentará una mayor oferta y, en consecuencia, precios más accesibles para los usuarios.
El lado B: críticas y dudas
La reacción no se hizo esperar. Taxistas y choferes de combis se opusieron a la medida, cuestionando la falta de requisitos estrictos para los nuevos transportistas. “Nos exigen licencias profesionales, capacitaciones anuales y tasas. Ahora cualquiera puede transportar personas sin cumplir con esas mismas condiciones. Es injusto”, expresó un taxista durante una entrevista.
Además, hay interrogantes sobre la seguridad de este sistema. Actualmente, no se especifica si los conductores deberán contar con un registro profesional, ni cómo se garantizarán los controles en vehículos que no necesariamente pasarán por terminales o puntos fiscalizados. Incluso algunos usuarios han manifestado desconfianza respecto a la cobertura de seguros en caso de accidentes.
Mientras algunos sectores ven esta medida como una oportunidad para democratizar el transporte y generar ingresos adicionales, otros la perciben como una amenaza a la regulación y a la seguridad de los usuarios. Las autoridades deberán trabajar en resolver las dudas planteadas, especialmente en lo referido a controles y equiparación de condiciones entre transportistas particulares y profesionales.
En un país donde el transporte siempre ha sido motivo de debate, este cambio promete ser tema de conversación en los próximos meses. ¿Será esta la revolución que el sector necesitaba o una apuesta arriesgada que podría complicar aún más las cosas? Solo el tiempo lo dirá.
