Un caso de alto impacto generó conmoción en la provincia de Tucumán tras un escándalo que puso en jaque a la cúpula de la Policía.
El jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte fueron pasados a disponibilidad de la fuerza y hay cuatro personas detenidas luego de que se comprobara que sacaban a presos de la comisaría para que trabajaran como albañiles en una casa de veraneo que sería propiedad de una autoridad policial.
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El escándalo se destapó gracias a una serie de denuncias anónimas que alertaron al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, sobre la presencia de detenidos y policías realizando tareas de construcción en una vivienda que pertenecería a Gustavo Beltrán, el jefe de la Unidad Regional Norte.
El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Agüero Gamboa actuaron de inmediato y firmaron un decreto (el 3.407) que culminó con la baja inmediata y definitiva de Beltrán y de su segundo, el comisario Sergio Juárez. Esta sanción fue considerada la “respuesta adecuada frente a la gravedad de los hechos verificados” y fue dispuesta por “conductas incompatibles con la función policial”.
Lo más grave es que los reclusos eran trasladados en un patrullero desde la Comisaría Chusca hasta el lugar de la obra en El Cadillal, y fuentes cercanas a la causa revelaron que los detenidos estaban condenados por abusos sexuales. Pese a que la Justicia había dispuesto que todos los penados debían estar en cárceles provinciales, estos presos se encontraban alojados en los calabozos de la Unidad Regional Norte.
La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, y Juárez fue aprehendido tras presentarse espontáneamente. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, advirtió que “se realizará una depuración en la fuerza” y que “los que cometan delitos se irán de la Policía”.
