El juez federal Julián Ercolini procesó sin prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández por presunta coautora de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta", en la causa sobre direccionamiento de la obra pública, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos, equivalente a 650 millones de dólares.
La resolución alcanzó, a la vez, al exministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos José López, exsecretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA. Para todos ellos, el magistrado también dispuso trabar embargos por 10 mil millones de pesos.
El fallo del juez, a la vez, procesó como supuestos coautores de los mismos delitos a Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-; Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibañez. En cambio, Ercolini resolvió dictar la falta de mérito para el exsubsecretario kirchnerista de Obras Públicas Abel Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y Hugo Manuel Rodríguez.
Asimismo, el magistrado dispuso "librar oficio al Banco Central de la República Argentina a efectos de hacerle saber que deberá arbitrar los medios necesarios a fin que se proceda a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los aquí procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones".
Cristina Fernández, que ya estaba procesada en la causa denominada "dólar futuro", concurrió el 31 de octubre pasado a declaración indagatoria ante Ercolini y aseguró que no es "amiga ni socia comercial" de Lázaro Báez así como también descartó haber direccionado licitaciones a favor del empresario.
Denunció que su situación judicial es una "persecución política" y recordó que la figura penal de asociación ilícita "fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores".
Sin contestar preguntas, Fernández que en todos los gobiernos se pone "gente de confianza", pero consideró "ridícula y sesgada" la acusación en su contra y afirmó: "No soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez".
También dijo que no tenía "ni idea" de esos contratos y aseguró que de la obra pública "se encargaba el Parlamento" e insistió en solicitar que se realice "una auditoría completa sobre todos los contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos".
La exjefa de Estado está acusada de direccionar discrecionalmente las obras viales en favor de Báez por 16.000 millones de pesos, en medio de irregularidades en las contrataciones y sobreprecios y pese a que muchos emprendimientos no se concretaron.
La Cámara Federal porteña avaló semanas atrás aquella indagatoria al rechazar un planteo de nulidad que había formulado la defensa de la exmandataria a través de su abogado, Carlos Beraldi, quien había estimado que el llamado a indagatoria era "arbitrario".
Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia replicaron que el llamado a indagatoria, como parte de los actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado, son inapelables.
