El ministro de Economía argentino Nicolás Dujovne anunció que el Fondo Monetario Internacional amplió en 7.100 millones de dólares el acuerdo crediticio firmado con el país en junio y resolvió adelantar fondos para despejar los temores sobre un eventual cese de pagos.
Dujovne hizo el anuncio junto a la titular del FMI, Christine Lagarde, en el consulado de Argentina en Nueva York.
Esto es para que Argentina "pueda seguir afrontado los desafíos que la actual situación internacional le está presentando", dijo Lagarde y aseveró que "el Fondo Monetario mantiene su compromiso de ayudar a Argentina".
El ministro explicó que este año el país recibirá 13.400 millones de dólares de los 6.000 previstos originalmente mientras que en 2019 la cantidad se elevará de 11.400 a 22.800 millones.
Los fondos forman parte del acuerdo crediticio suscrito en junio con el FMI por el cual Argentina se comprometió a reducir el déficit fiscal a cambio de un préstamo de 50.000 millones de dólares con el fin de afrontar la crisis cambiaria iniciada en mayo. Desde comienzos de año la moneda local, el peso, ha perdido más del 50% de su valor.
Dujovne indicó que "en la posición que nos encontramos hoy tenemos una economía plenamente resistente a shocks, un programa financiero para 2019 plenamente financiado. Si Argentina lo desea, en 2019 puede directamente no acudir a los mercados. Si quisiéramos podríamos no emitir deuda".
Una nueva tormenta cambiaria en agosto, que los economistas atribuyeron en parte a errores del propio gobierno pero también al impacto de las turbulencias en Brasil y Turquía, provocó una fuga de dólares que puso en duda la capacidad del país sudamericano para enfrentar sus obligaciones financieras en 2019. En este contexto, el Ejecutivo pidió al FMI un adelanto de los fondos originariamente previstos para 2020 y 2021.
La crisis cambiaria de agosto obligó a modificar muchas de las pautas que se habían acordado con el FMI en junio, entre ellas la de inflación. El alza del costo de vida será de al menos 40% para todo 2018, según un informe publicado por el Banco Central. En una economía fuertemente atada al dólar como la argentina, el impacto de una devaluación se traslada de inmediato a los precios.
Los acuerdos con el Fondo son resistidos por la mayoría de la oposición y los sindicatos y organizaciones de izquierda porque suponen un fuerte ajuste de cinturón en un país con un tercio de la población viviendo en la pobreza.
El Ejecutivo pretende llegar al equilibro fiscal primario en 2019, luego del 2,6% de déficit del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para este año. En ese sentido, y según lo establecido en el proyecto de presupuesto que se discute en el Congreso, espera que el déficit de la cuenta corriente caiga a alrededor de 9.900 millones de dólares en 2019 desde los 22.400 millones de dólares estimados para este año.
Para lograr el equilibrio se adoptarán medidas impositivas que supondrán una carga para el sector exportador, que aportará ingresos adicionales por el equivalente al 1,1% del PIB en 2019.
El oficialismo no tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso y pretende tener aprobada la ley de presupuesto en noviembre.
El gobierno argentino viene aplicando desde hace tiempo impopulares políticas de ajuste que incluyeron fuertes subas del transporte y de servicios como la luz y el gas, que sumadas a la imparable inflación han incrementado las protestas callejeras
